El Proceso Constituyente en Chile

Con fecha 25 de octubre de 2020, se sometió a plebiscito la posibilidad de reemplazar la Constitución Política de la República de Chile -que data de 1980- por una nueva Carta Magna.


Este plebiscito tuvo su origen en el “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución” firmado el 15 de noviembre de 2019 por la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, en el contexto de masivas manifestaciones sociales.


Una amplia mayoría de los electores (aproximadamente un 78%) optó por la opción que contemplaba la redacción de una nueva Constitución, la que redactará una Convención Constitucional cuyos miembros serán elegidos en abril de 2021, en base a las reglas que rigen las elecciones de la Cámara de Diputados.


La Convención Constitucional estará compuesta por 155 miembros, de los cuales 17 serán miembros de pueblos originarios, y estará integrada de manera paritaria entre hombres y mujeres.


La Convención Constitucional tendrá un plazo de 9 meses, prorrogables por otros 3 meses (1 año en total), para redactar una nueva Constitución, cuya aprobación será finalmente sometida a un nuevo plebiscito ciudadano cuya votación será, esta vez, obligatoria.


La Convención Constitucional deberá respetar reglas preestablecidas en el “Acuerdo por la Paz Social”, que buscan garantizar estabilidad durante dicho proceso y lograr amplios consensos entre los convencionales. Por de pronto, todas las normas de la nueva Constitución deberán ser aprobadas por 2/3 de los convencionales. Asimismo, conforme al artículo 135 de la Ley 21.200 (que modificó la actual Constitución para hacer factible el plebiscito), la nueva Constitución “deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.


Dentro de los tratados internacionales suscritos por Chile, cabe destacar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o “Pacto de San José de Costa Rica”) y los diversos Tratados de Libre Comercio y de Protección de Inversiones suscritos por Chile.


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